En plena crisis energética, el Gobierno de Macron ha decidido subir un 15% las tarifas eléctricas reguladas a partir del 1 de febrero de 2023
Esta liberalización en Francia se concretó en la ley NOME, votada en parte para satisfacer las exigencias europeas y crear así una competencia artificial en el sector de la electricidad. Esta ley obliga a EDF a vender 100 TWh de su producción nuclear a sus competidores al precio de coste ARENH (acceso regulado a la electricidad nuclear histórica), que desde 2011 está fijado en 42 €/MWh. En septiembre de 2022, el Gobierno de Macron permitió a los competidores comprar otros 20 TWh a 46,5 euros/MWh. Mientras tanto, los precios al contado en el mercado fluctuaban entre 400 y 800 euros/MWh.
Este mecanismo asimétrico hizo que EDF perdiera 10.000 millones de euros, mientras que permitió a los accionistas de los proveedores alternativos recibir buenos dividendos. Estrangulada por la ley del beneficio, EDF está debilitada económica y socialmente.
Pero, ¿qué tiene esto que ver con el aumento del 15% de los precios de la electricidad?
Hasta 2010 y la liberalización de los mercados energéticos, las tarifas eléctricas reguladas (TRV) para el usuario se calculaban en función de los costes contables de EDF. Ahora bien, las tarifas TRV actuales se basan en un apilamiento de costes, una parte de los cuales está directamente vinculada al precio de mercado. El aumento del TRV sólo tiene por objeto permitir que ofertas comerciales idénticas a las del TRV compitan con EDF y mantener así artificialmente la rentabilidad y la supervivencia de los "proveedores alternativos".
En Francia, nuestra electricidad procede principalmente de centrales de producción (nuclear y parque hidráulico en más del 75%) y muy poco de importaciones de otros países europeos, especialmente Alemania; Francia, por el contrario, exporta mucho más que importa. El precio del uranio, al igual que el del agua de nuestras presas, o el del viento y el sol, no ha aumentado en los últimos años, por lo que nada justifica este nuevo incremento, salvo el mercado y los beneficios de los proveedores alternativos, es decir, la elección del gobierno.
Otras opciones son posibles. Como, por ejemplo, poner un IVA del 5%. Acabar con Arenh y la ley NOME. Revisar el sistema de precios para avanzar hacia un precio justo de la electricidad, su distribución y transporte. ¡Impugnar la liberalización del mercado de la electricidad para satisfacer las necesidades del mayor número de personas y no de los accionistas!
Montreuil, 2 de febrero de 2023