Fin de la tarifa regulada de venta de gas (TRVg) para 2,8 millones de hogares el 30 de junio de 2023.

En el actual clima inflacionista, los precios regulados del gas son la fórmula más protectora para los consumidores. Allí donde han desaparecido en Europa, ¡los precios se han disparado!
Los defensores de la liberalización del sector energético siempre han considerado que las tarifas reguladas son un obstáculo para la creación de un mercado competitivo y contrarias a la legislación europea. Sin embargo, siguen siendo el único baluarte que protege a los consumidores de la fluctuación de los precios del mercado.
La introducción de un precio de referencia determinado por la Comisión de Regulación de la Energía (CRE), que serviría de base para el mantenimiento del blindaje tarifario, no ofrece evidentemente las mismas garantías jurídicas que las tarifas reguladas fijadas por los poderes públicos.
En su barómetro, el Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) señala que en 2022, el 69% de los hogares encuestados declararon haber bajado la calefacción en casa para evitar facturas elevadas, 9 puntos más que en 2021. El 27% de los hogares encuestados (frente al 25% en 2021 y el 18% en 2020) afirma haber tenido dificultades para pagar determinadas facturas de energía. Un año más, los jóvenes de 18 a 34 años son los más afectados, con un 51 % de ellos que declaran tener dificultades.
Las intervenciones de los proveedores de energía para suspender o reducir la potencia a raíz de facturas impagadas aumentaron en 2021 en comparación con 2019 (+17% de suspensiones y +63% de reducciones de potencia).
Para nuestra ONG, la desaparición del TRVg tendrá el efecto de afianzar la pobreza energética a largo plazo al impedir que los hogares que ya están en ella salgan y empujar a otros nuevos a ella. Es una muy mala señal del gobierno en la lucha contra la pobreza energética y la protección de los consumidores.