Más utilidades que cumplir a las necesidades del pueblo!
La energía, y más específicamente la electricidad, satisface una necesidad vital. Como el agua o la vivienda, es una necesidad básica. Ningún habitante del planeta debería ser privado de él a causa de la pobreza. Esta mercantilización de productos vitales tiene un solo objetivo, el de permitir a las multinacionales obtener beneficios y servir a la remuneración de los accionistas.
Como afirmamos y como demuestran los informes de la Internacional de Servicios Públicos o de la Federación Europea de Servicios Públicos, estos productos vitales, al igual que otros como la salud, la educación y el transporte, deben ser suministrados por los servicios públicos para satisfacer el interés general y no los de lucro y remuneración de los accionistas. De hecho, una de las lecciones de esta pandemia es que necesitamos más servicios públicos.
Desde hace más de veinte años, la Unión Europea y los sucesivos gobiernos sólo tienen un deseo, el de suprimir los servicios públicos y, entre ellos, la electricidad, afirmando falsedades como que la competencia haría bajar los precios, que se reducirían las emisiones de CO2 de la producción de electricidad y que las privatizaciones beneficiarían a los usuarios.
A pesar de la ceguera de la Comisión Europea, la liberalización del mercado y las privatizaciones no han reducido los precios ni las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta desregulación ha tenido como único objetivo beneficiar a los accionistas, cuyos dividendos ya ascienden a más de 250.000 millones de euros como resultado de las numerosas adquisiciones en Europa. Al mismo tiempo, entre 75 y 125 millones de personas en Europa se encuentran en situación de pobreza energética, entre ellas más de 12 millones de personas en Francia. Estas cifras están en constante aumento.
En medio de la crisis sanitaria mundial del coronavirus, nuestro gobierno reverencia y redescubre los beneficios de los servicios públicos y la dedicación de su personal, sin los cuales no habría sido posible responder a la emergencia médica.
Derecho a la energía SOS FUTUR señala la diferencia de preocupaciones entre una empresa que sigue siendo pública (EDF 84% de propiedad estatal) y las empresas privadas que revenden electricidad.
En efecto, el pasado 16 de abril, EDF decidió: garantizar el suministro de energía a todos sus clientes individuales suspendiendo, hasta el 1 de septiembre de 2020, toda reducción o interrupción del suministro de electricidad y gas, así como las penalizaciones por retraso para todos sus clientes individuales. Para los clientes que se encuentran en situaciones difíciles, EDF también se compromete a flexibilizar sus condiciones y plazos de pago".
El cierre de la economía en Europa debido a la pandemia ha dado lugar a una caída de los precios de mercado de la electricidad. Y empuja a los proveedores privados (y entre ellos al grupo Total) a reclamar ante el gobierno el cuestionamiento de sus contratos de compra de electricidad con EDF (Arenh), los mismos proveedores que a finales de 2019 llamaron a la puerta del gobierno, por una lógica contraria. Los mismos proveedores que llamaron a la puerta del gobierno a finales de 2019, por la lógica opuesta. Hay quienes sirven al interés general y quienes preservan la remuneración individual de los accionistas.
Sin ser idílico, aún queda una cierta concepción del servicio público de electricidad en EDF creada por la CNR en 1946 "los días felices" tan elogiados hoy por el Presidente Emmanuel Macron. Estos valores deben ser preservados y amplificados para el reconocimiento de un verdadero derecho a la energía como un derecho fundamental. Esto requiere la construcción de un servicio público de energía, accesible a todos. La energía, y más específicamente la electricidad, es una necesidad básica y nadie debe ser privado de ella a causa de la pobreza, cualquiera que sea la época del año. Su acceso responde a una necesidad vital, y su precio no puede depender del mercado o de los objetivos de dividendos de los accionistas.
La lógica financiera liberal y la búsqueda de beneficios a corto plazo impiden el desarrollo de un verdadero servicio público de energía. El proyecto "Hércules" para desmantelar el Grupo EDF es parte de esta lógica. ¡Debe ser detenido!
Además, la emergencia social y ecológica pone a nuestro país y a toda la humanidad frente a inmensos desafíos. Se trata de rupturas con el mundo de ayer y de profundos cambios de política que deberán aplicarse para satisfacer las inmensas necesidades de nuestro país, de todos los países. Si esta crisis vinculada a la actual pandemia sanitaria revela una profunda crisis de civilización y nuestra vulnerabilidad a las cadenas de producción globalizadas, también revelará nuestra vulnerabilidad al mundo globalizado.